Sectores regulados

Sectores regulados

La Administración Pública interviene activamente en determinados sectores económicos que por su importancia estratégica y por afectar al interés general, se someten a unas regulaciones especiales para garantizar la seguridad, la universalidad, la igualdad y la calidad de la prestación de determinados servicios. Destaca el sector energético por su elevada repercusión social y económica.

Por otra parte, el sector público actúa en el mercado para asegurar que nadie rompa las condiciones óptimas ni se perjudique a los consumidores y usuarios y para garantizar, mediante la prestación de servicios públicos, los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En nuestro despacho le asesoramos en la interpretación y aplicación de la normativa vigente y defendemos sus intereses en cualquier expediente administrativo o judicial relacionado con los mercados, su regulación, y la prestación de los servicios públicos:

  • ENERGÍA

    La Administración tiene la función de regular el mercado energético para garantizar que el suministro energético sea continuado, de calidad y universal.

    Asimismo, debe velar por mejorar la eficiencia energética y el empleo de energías menos contaminantes para asegurar un medio sostenible para las generaciones futuras y reducir el coste de la energía para fomentar la competitividad de las empresas.

    En nuestro bufete asesoramos a operadores del sistema y a usuarios y consumidores afectados por la compleja normativa energética:

    Mercado energético: Energía eléctrica, gas e hidrocarburos. 

    Generación, transporte, distribución y comercialización de recursos energéticos.
    Mercado eléctrico y de gas. Sistema tarifario y precios energéticos.
    Convenios de resarcimiento.
    Acuerdos de suministro y condiciones de acceso y conexión a redes de distribución y transporte.

    Eficiencia energética y renovables

    Energías Renovables. Cumplimiento de objetivos europeos.
    Producción y autoconsumo de energía.
    Plantas de producción de energía en Régimen Especial. Biocombustibles.
    Regímenes de contratación y prestación de servicios energéticos (ESE o ESCO).
    Certificados de eficiencia energética.
    Subvenciones, beneficios fiscales.
    Contratación pública energética.

  • TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS AUDIOVISUALES

    El sector de las telecomunicaciones y de medios audiovisuales, por su impacto político, económico y social, y por afectar al dominio público radioeléctrico, está sujeto a regulación administrativa.

    Nuestro despacho puede asesorarle en aquellos expedientes relacionados con estas materias:

    Telecomunicaciones: instalaciones y frecuencias

    Autorizaciones y concesiones.
    Expropiaciones, servidumbres y convenios de cesión de instalaciones.
    Telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha, redes inalámbricas y de nueva generación.
    Televisión analógica, TDT, satélite.

    Medios de comunicación y sociedad de la información

    Prensa, radio, televisión, servicios de difusión de información.
    Protección de datos y seguridad informática, firma electrónica.
    Administración electrónica.
    Requisitos legales de las empresas de información.

  • CONSUMIDORES Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

    La actuación de la Administración  incide en determinadas conductas de los operadores del mercado para garantizar que no se produzcan abusos perjudiciales para los consumidores, ni tampoco para las empresas de la competencia.

    Los derechos de los consumidores y usuarios están especialmente protegidos por la Constitución española, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa, la información y la educación de los consumidores y usuarios, protegiendo sus intereses.

    Derecho de la competencia

    Defensa del mercado.
    Abuso de posición dominante. Monopolios y oligopolios.
    Prácticas colusorias. Pactos ilegales de precios. Actuaciones antitrust.
    Sanciones en materia de derecho de la competencia.
    Expedientes de la autoridades de la competencia.

    Consumidores y usuarios

    Derechos de los consumidores.
    Acciones colectivas en defensa de los consumidores.
    Derechos de los usuarios de servicios públicos.
    El consumidor en internet.

  • SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS

    La sociedad de la información viene caracterizada por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión de información. Su incorporación a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas, pero plantea algunos retos, especialmente en materia de protección de datos y de derechos de consumidores, que precisan una regulación para generar la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio.

    Normas como la Ley de servicios de la sociedad de la información o la ley orgánica de protección de datos vienen a regular este sector cada vez más presente en las actividades de los ciudadanos, las empresas y las Administraciones.

    Sociedad de la información

    Comercio electrónico y suministro de información: periódicos, revistas, portales.
    Régimen de prestación de servicios: acceso, hosting, descargas, almacenamiento de datos, etc...
    Operadores de telecomunicaciones, proveedores de acceso a Internet, portales, buscadores.
    Régimen de establecimiento del prestador de servicios y registro de dominios.
    Limites a la divulgación de contenidos. Protección del orden público, la salud pública o de menores.
    Infracciones y sanciones.

    Protección de datos

    Datos protegidos. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
    Ficheros de titularidad pública y privada. Recogida, tratamiento, consentimiento.
    Registro general de Protección de Datos. Inscripción, modificación.
    Agencia Española de Protección de Datos.
    Infracciones y sanciones en materia de la LOPD.

  • COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO Y TRANSPORTE

    La Administración tiene la misión de reglamentar determinadas actividades que, siendo de carácter privado, tienen incidencia en la esfera pública: el ejercicio de las actividades comerciales, la seguridad industrial, o la calidad de instalaciones turísticas,  por poner algunos ejemplos, deben ser objeto de reglamentación para proteger intereses colectivos.

    Junto a ello, el transporte es un elemento básico para el desarrollo de las actividades humanas, tanto referidas al transporte de personas como en lo que concierne al transporte y logística de mercancías. 

    El despacho Cuch-Aguilera legal le asesora en los aspectos relacionados con las facultades de autorización, control y sanción que la Administración ejerce sobre dichos sectores de la actividad económica y social:

    Comercio

    Equipamientos comerciales: régimen urbanístico, licencias comerciales.
    Horarios comerciales, régimen de apertura en días festivos.
    Recintos outlet, trama urbana, accesos.
    Autorización de productos comerciales.

    Industria

    Seguridad industrial.
    Compatibilidad urbanística, autorizaciones ambientales, registros  de empresas en sectores especiales, infracciones y sanciones.
    Seguridad alimentaria: Etiquetaje de productos, trazabilidad, OMG.
    Certificación ecológica, subvenciones.

    Turismo

    Establecimientos turísticos: hoteles, turismo rural, apartamentos turísticos, campings.
    Agencias de turismo y guías turísticos.
    Municipios turísticos, horarios de establecimientos comerciales, apertura en días festivos.
    Inspecciones, régimen sancionador.

    Transporte

    Transporte de pasajeros. Tren interurbano y metro urbano. Servicio público de taxi.
    Tasas y precios públicos. Concesión de servicio de líneas regulares.
    Transporte de mercancías. Logística e intermodal: CIM, ZAL.
    Régimen de transporte aeronáutico y naval.
    Mercancías peligrosas y transportes especiales.
    Correos y mensajerías.

  • SANIDAD, SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS SOCIALES

    La Administración pública tiene una fuerte presencia en el sector de la sanidad, la salud y los servicios sociales, ya sea prestando directamente servicios a los ciudadanos, o bien regulado las actividades de los particulares para evitar que con ellas se causen perjuicios a otras personas o a la colectividad en general.

    Ello genera múltiples relaciones entre la Administración, las empresas y los particulares, sujetas a un régimen jurídico complejo, para lo cual ofrecemos nuestro asesoramiento especializado:

    Sanidad

    Hospitales, farmacias. Actividades funerarias, tanatorios y cementerios.
    Autorizaciones para el ejercicio de actividades y profesiones de la salud.
    Tasas y precios públicos.
    Reconocimiento de derechos, daños por prestaciones médicas.
    Convenios con entidades, contratos de suministro.

    Salud pública

    Infracciones y sanciones contra la salud pública.
    Seguridad alimentaria.
    Medidas coercitivas en materia de salud pública: campañas obligatorias.

    Servicios sociales

    Derecho a prestaciones sociales.
    Convenios con entidades del Tercer Sector.
    Subvenciones, entidades colaboradoras de la Administración.

  • UNIVERSIDADES, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

    La Constitución española reconoce el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados.

    Asimismo reconoce la autonomía de las Universidades, el derecho a la creación de centros docentes y  la necesidad que las Administraciones promuevan y tutelen el acceso a la cultura y el deporte.

    En nuestro bufete, prestamos asesoramiento en materia de  intervención de las Administraciones en educación, cultura y deporte y sobre el especial régimen universitario:

    Universidades

    Organización y autonomía universitaria. Titulaciones, centros adscritos.
    Gestión y financiación de la I+D, régimen de los investigadores, programas competitivos.
    Convenios de colaboración con el sector público y privado, fundaciones mixtas.

    Educación

    Derecho a educación primaria y secundaria obligatoria.
    Bachillerato y formación profesional.
    Conciertos educativos.
    Autorización de centros e instalaciones.
    Becas y subvenciones.

    Cultura y deportes

    Protección de bienes de interés cultural, histórico, artístico y arquitectónico.
    Federaciones, titulaciones y formación deportiva.
    Celebración de eventos deportivos.

  • SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

    Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La Ley regula las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

    Junto a los cuerpos de seguridad del Estado, existen servicios de seguridad privados que deben sujetarse a un régimen jurídico administrativo especial dado su potencial impacto en la libertad y seguridad de las personas.

    También existe una regulación especial para la protección civil en caso de situaciones de emergencias o de fuerza mayor que prevé la restricción de derechos individuales.

    El despacho CUCH-AGUILERA LEGAL ofrece su asesoramiento sobre normativa vigente  en materia de seguridad:

    Seguridad Pública

    Policía y ejército.
    Planes de emergencia y protección civil.
    Protección de Incendios.
    Responsabilidad patrimonial e indemnizaciones.

    Seguridad Privada

    Empresas de seguridad privada y vigilantes privados.
    Autorizaciones para el uso de armas.
    Convenios de colaboración, competencias público-privadas.
    Infracciones y sanciones.

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