Sector público

Las Administraciones Públicas, en virtud de su función de tutela del interés general, intervienen en distintas áreas o sectores como la ordenación del suelo, la defensa del medio ambiente, la regulación del comercio o la industria, o la prestación de servicios como la sanidad o la educación, entre otros.

La actuación administrativa debe ajustarse al ordenamiento jurídico tanto para su propia organización y funcionamiento, como para incidir en los derechos y deberes de los particulares (sanciones, licencias, expropiaciones, etc.), estando dicha actuación bajo la tutela de los Tribunales de Justicia.

Cuch-Aguilera Legal ofrece asesoramiento y formación en cuestiones de organización y funcionamiento del sector público y de defensa de los derechos de los particulares.

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

El sector público se organiza mediante órganos y entidades de diversos tipos para satisfacer de forma más ágil y coordinada las necesidades colectivas, y se sujeta a unas normas de funcionamiento para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, objetividad, transparencia y defensa del interés general.

El despacho asesora al sector público en las diversas formas de organización y funcionamiento que le ofrece el ordenamiento jurídico:

Entidades públicas

Administraciones territoriales e institucionales
Creación de entidades públicas: Institutos, sociedades, fundaciones, consorcios.
Fórmulas de colaboración entre Administraciones. Encomiendas de gestión a medios propios.
Relaciones interadministrativas: convenios, protocolos, acuerdos interadministrativos.

Funcionamiento de las Administraciones Públicas

Organización, estatutos, nombramiento de cargos
Adopción de acuerdos, convocatoria de órganos colectivos.
Régimen de incompatibilidades.
Administración electrónica.
Transparencia en Administraciones. Derecho a la información.
Presupuestos: aprobación, ejecución, liquidación, fiscalización.

Colaboración con el sector privado

Entidades y convenios de colaboración con el sector privado.
Fundaciones y sociedades de capital mixto. Consorcios.
Convenios con organizaciones privadas y entidades sin ánimo de lucro.
PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

La actividad administrativa se desenvuelve mediante procedimientos diversos, hasta el punto que la actuación a través de un procedimiento es un principio fundamental que el art. 105.3 CE ha recogido explícitamente. El procedimiento administrativo constituye la forma propia de la función administrativa

Cuch-Aguilera asesora y defiende a administraciones, particulares y entidades de todo tipo ante cualquier actuación administrativa o judicial que se deba tramitar:

Actos y Procedimientos Administrativos

Solicitudes y reclamaciones de derechos e intereses patrimoniales.
Acciones de interés público ante las Administraciones.
Imposición de obligaciones administrativas en general.
Expedientes sancionadores, ejecuciones subsidiarias y económicas.

Recursos administrativos

Nulidad de los actos administrativos.
Recursos administrativos de alzada, reposición y revisión.
Revisión de los actos administrativos. Declaración de lesividad.

Recursos contencioso-administrativos

Recursos ante los Tribunales contra actos administrativos.
Protección de los derechos fundamentales.
Legalidad y constitucionalidad de normas jurídicas.

Recursos contra la inactividad de la Administración y contra las vías de hecho.
AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y CONCESIONES

El ordenamiento jurídico sujeta el ejercicio de determinadas actividades a diversos tipos de autorización administrativa, para garantizar que con dicha actividad no se pone en riesgo el interés general, ya sea por motivos ambientales, de seguridad para las personas o para proteger el dominio público.

Dichas autorizaciones pueden revestir un carácter previo, o bien pueden consistir en meras declaraciones del responsable de la actividad, en función de si su incidencia en el interés público es mayor o menor.

Solicitudes de licencias y comunicaciones previas

Preparación de expedientes y proyectos.
Solicitud de licencias, autorizaciones y comunicaciones de todo tipo.
Denegación o imposición de renuncias de derechos.
Defensa administrativa y judicial en caso de impugnación de licencias.

Expedientes de legalización

Legalización de actividades y construcciones, régimen transitorio.
Expedientes disciplinarios en general.
Órdenes de clausura, medidas cautelares o prescripciones a determinadas actividades.

Concesiones

Concesiones de obra pública.
Concesiones de servicio público.
Concesiones y autorizaciones para la utilización privativa del dominio público.
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

La consecución de los fines de la Administración se lleva a cabo mediante una actuación directa de la misma o mediante el encargo a terceros particulares, a través de los contratos del sector público, para que realicen determinadas obras, entregas de bienes o prestación de servicios.

Nuestro despacho ofrece asesoramiento y defensa en relación con las cuestiones que plantean los contratos administrativos, su régimen jurídico y los conflictos de intereses que se pueden generar tanto en la fase de adjudicación como en la fase de ejecución y cumplimiento del contrato.

Contratos del sector público

Análisis y elección de las diversas tipologías de contratación existentes.
Clasificación de contratistas, inscripción en Registros.

Procedimiento de contratación

Redacción del pliego de las cláusulas del contrato.
Seguimiento del procedimiento de adjudicación.
Actas de apertura de plicas y admisión de propuestas.
Resoluciones de adjudicación de los contratos. Recurso especial en materia de contratación.
Encomiendas de gestión a favor de medios propios y servicios técnicos.

Ejecución de los contratos administrativos

Cumplimiento, interpretación y ejecución del contrato.
Cálculo de precios, intereses o demás aspectos contractuales.
Reclamación de cantidades derivadas de contratos del sector público.
Modificación de condiciones de contrato.
Resolución de contratos.
Expedientes sancionadores.
SUBVENCIONES

La actividad administrativa utiliza en ocasiones instrumentos de fomento, consistentes en premiar a los particulares y a las empresas para que realicen determinadas actividades de interés general (investigación científica, ahorro energético, exportación, transferencia de tecnología, etc.) mediante deducciones fiscales, créditos o concesión de subvenciones, entre otros.

Nuestro despacho ofrece asesoramiento jurídico relativo a la solicitud y concesión de subvenciones, así como en relación a procesos de colaboración entre el sector público y el sector privado de cara al desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica, ante la Administración y los Tribunales:

Subvenciones

Actividades y situaciones subvencionables y programas sectoriales existentes.
Documentación para la solicitud de ayudas y subvenciones.
Tramitación del expediente hasta la resolución administrativa de concesión de la subvención.
Actividad fiscalizadora de la Administración sobre el cumplimiento de obligaciones.
Impugnación de acuerdos de concesión o denegación de subvenciones.

Asesoramiento a proyectos de I+D+I

Proyectos de investigación, desarrollo científico e innovación tecnológica.
Procesos de transferencia de tecnología.
Relaciones jurídicas entre Universidades, entidades públicas y sector privado.
Estrategias de asociación, captación de financiación y protección jurídica de la I+D+I.
SANCIONES Y MULTAS

El incumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente, seguridad vial, ordenanzas de edificación o uso del dominio público, por poner algunos ejemplos, puede conllevar la imposición de sanciones administrativas, siempre que constituya alguna infracción prevista por la ley.

Para ello la Administración debe tramitar el expediente correspondiente, actuar con las competencias adecuadas y, en todo caso, sujetarse a los principios legales y constitucionales que inspiran el derecho sancionador. Nuestro despacho asesora y defiende a sus clientes, particulares, empresas y colectivos, en materia de infracciones y sanciones:

Expediente sancionador

Defensa de particulares y empresas afectados por un expediente sancionador.
Denuncias a un tercero infractor por actuación contraria al ordenamiento.
Impugnación administrativa y judicial de los acuerdos de imposición de multas y otras sanciones.

Ejecución de sanciones

Solicitud de medidas cautelares, suspensiones y aplazamientos de multas.
Defensa ante el trámite de ejecución subsidiaria.
Defensa ante la ejecución de medidas de restablecimiento del orden jurídico alterado.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas supone que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos por causa de una actuación administrativa, salvo en casos de fuerza mayor.

Nuestro despacho defiende a los perjudicados mediante la tramitación del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, formulando la valoración de la indemnización, y en su caso, mediante el correspondiente recurso contencioso administrativo ante los Tribunales.

Responsabilidad de la Administración Pública

Indemnización por causas urbanísticas.
Daños provocados por obras públicas.
Responsabilidad patrimonial por afecciones individualizadas a inmuebles de propiedad privada.
Indemnización por daños materiales y corporales.
Responsabilidad por negligencia de funcionarios.

Responsabilidad del poder judicial y legislativo

Responsabilidad por la promulgación de normativa.
Responsabilidad por errores judiciales.
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Cada vez más, la vida de los ciudadanos europeos está condicionada por las decisiones que adoptan las instituciones europeas en el marco de los diversos tratados fundacionales, a través de las normas de derecho derivado, compuesto de Reglamentos de aplicación directa y de Directivas, que deben ser transpuestas por los estados miembros.

Nuestro despacho ofrece asesoramiento en la interpretación y aplicación de norma europeas, así como en previsión de políticas europeas y defiende los intereses de sus clientes ante las instituciones comunitarias, incluso ante los Tribunales europeos:

Instituciones europeas

El Consejo y el Parlamento europeo.
La Comisión europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Consejo de Europa y Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Políticas europeas

Mercado único europeo: Libre circulación de personas, bienes y servicios.
La Política Agraria Comunitaria y Pesquera.
Políticas europeas de medio ambiente y energía.
Políticas europeas de investigación y ciencia.
Políticas europeas de desarrollo regional: FEDER.

Aplicación de normas europeas

Reglamentos autónomos, marco y de la Comisión.
Directivas: su transposición y casos de aplicación directa.
Decisiones, Declaraciones, Resoluciones y Recomendaciones.
Dictámenes, Informes, Programas de acción común.
Convenios y acuerdos entre la UE y terceros Estados.
Principios generales del Derecho comunitario.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sector público

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